Los nuevos contagios de coronavirus en Aranjuez empiezan a descontrolarse, y es el momento de que el Ayuntamiento de Aranjuez se ponga manos a la obra y ejerza las competencias que la ley tiene asignadas a los entes locales para vigilar y controlar la salud pública de la ciudadanía. La fundamental, según marca la Ley General de Sanidad, el control sanitario de industrias, centros comerciales, escuelas, residencias... "lugares de convivencia humana", lo que implica una acción directa municipal de vigilancia y toma de decisiones dirigida a limitar afluencias, movimientos y desplazamientos en nuestra ciudad. Todo lo contrario, desde luego, a celebrar una corrida de toros a primeros de septiembre.
Con casi 700 contagiados en total, un 50% más de los que había a primeros del mes de julio, Aranjuez está viendo cómo la pandemia del coronavirus está yendo a más, y es el momento de que su alcaldesa abandone su actitud de dejarse llevar y fluir. El equipo de gobierno local debe tomar el mando de la situación y aplicar las competencias y las prerrogativas que las entidades locales tienen reconocidas en la normativa para proteger la salud colectiva de la ciudadanía. Así lo exige Más Madrid-Somos Aranjuez, que insta en primer lugar a suspender la corrida de toros prevista en el coso ribereño para la semana que viene, y en segundo lugar a establecer un plan de vigilancia, reducción, control y organización de aforos en los principales puntos estratégicos y logísticos de nuestra ciudad.
Puede y debe hacerlo este Ayuntamiento, y esta Corporación puede y debe trabajar por ello. La Ley General de Sanidad marca a los ayuntamientos una serie de responsabilidades "mínimas" en relación al "obligado cumplimiento de las normas y planes sanitarios". Y entre ellas, el control sanitario de industrias, actividades y servicios, transportes, edificios y lugares de vivienda y convivencia humana. "Especialmente" dice la ley "los centros de alimentación, peluquerías, saunas y centros de higiene personal, hoteles y centros residenciales, escuelas, campamentos turísticos y áreas de actividad físico deportivas y de recreo". Aún más, habla la normativa del control sanitario "de la distribución y suministro de alimentos, bebidas y demás productos, directa o indirectamente relacionados con el uso o consumo humanos, así como los medios de su transporte".
Todo ello dentro de lo establecido en la Ley de Bases de Régimen Local, que refiere que el Municipio "ejercerá en todo caso" como competencia propia, la protección de la salubridad pública. "En todo caso" significa siempre, y significa en toda su extensión y con todas sus consecuencias, sin esperar a dimes y diretes partidistas. "En todo caso" significa que, si la Comunidad de Madrid o el Estado Central no quieren, no saben o no pueden, el Ayuntamiento puede y debe poner en marcha rastreadores, búsqueda y seguimiento de brotes, vigilancia y control de centros logísticos, públicos, sociales, suministros, comercio, parques y espacios de tránsito... "En todo caso" significa que una corrida de toros la semana que viene es cualquier cosa menos control sanitario y salud pública.
Si no hay, se busca
Artículo 42, Ley general sanitaria. "Para el desarrollo de las funciones relacionadas en el apartado anterior, los Ayuntamientos deberán recabar el apoyo técnico del personal y medios de las Áreas de Salud en cuya demarcación estén comprendidos. El personal sanitario de los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas que preste apoyo a los Ayuntamientos tendrá la consideración de personal al servicio de los mismos". Poco que añadir. "Deberán recabar" significa que Aranjuez, su alcaldesa, puede y debe exigirle a la Comunidad de Madrid (otros aficionados al dejar fluir) los medios técnicos y humanos necesarios para vigilar nuestra salud colectiva. Para pagar los dos millones de la tasa de Bomberos la alcaldesa tiene prisa, pero para otras cosas nos cuesta más...
Y si la Comunidad de Madrid no sabe, no quiere o no puede, Aranjuez, y su Ayuntamiento, pueden y deben exigir al gobierno estatal que tome las medidas oportunas para que cada institución pública cumpla con lo que las leyes disponen e imponen, que para eso estamos en un Estado de Derecho y se nos llena la boca a todos de constitucionalismo. Siete meses después de esta pandemia, de esta desgracia colectiva, es el momento de que el Ayuntamiento de Aranjuez, con su gobierno a la cabeza, saque la cabeza del ala del avestruz en la que está escondido y tome, por lo menos, las medidas a las que la ley le obliga.
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